lunes, 13 de enero de 2014

Separacion de poderes ¿ le suena Sr Gallardon ?

Sr Gallardon fue usted un mal alcalde de Madrid y a pesar de vivir en esa ciudad estaria dispuesto a soportarle como alcalde lo que queda de legislatura a cambio de que dejara usted de ser ministro de justicia.

        Quizas se preguntara por que un madrileño estaria dispuesto a soportarle de nuevo como alcalde y crea que la cosa va por lo de la ley del aborto , por su ley mordaza o en general por su manifiesta incompetencia, pero no hay algo peor que todo eso, es el asesinato definitivo de la separacion de poderes en España por lo que pasara a a historia negra de los politicos españoles.

Gallardon sin separacion de poderes crece la corrupcion


       Y la razon no es otra que al cargarse , sr Ruiz Gallardon , la separacion de poderes en España al impedir que sean los jueces los que designen a sus maximos representantes se carga usted toda posibilidad de luchar contra el resto de sus desmanes normativos.

    No hay posibilidad de justicia, control a los poderes del estado si no existe la posibilidad real de que sus actos o sus leyes pueden ser juzgados de forma imparcial, y usted sabe Sr Gallardon que nadie muerde la mano que le da de comer ni nadie actuaria contra quien le designo para un cargo, asi que da igual si la ley es justa o injusta si no hay posibiidad de que se aplique a todos por igual.

    Por que debe saber que si una ley no se aplica a todos por igual es intrinsecamente injusta, viciada de origen .....y todos sabemos que en España la ley es igual para todos pero no todos somos iguales ante a ley.

    Lo peor Sr Gallardon es que sus hijos y sus nietos van a vivir, como los mios, en un pais en el que impera la injusticia, asi que en su pecado ira su penitencia.

   He de reconocerlo, nunca me gusto Sr Gallardon, quizas por que le padeci en Madrid cuando era alcalde y respire aliviado cuando dejo de serlo  !! Ingenuo !! las cosas siempre pueden empeorar y asi ha sucedido con usted, ha pasado de acosarnos y multarnos por todo para financiar sus desastrosos e incumplidos proyectos megalomanos y faraonicos a ser el autor material de fin de la democracia, ya que no hay democracia sin justicia y no hay  justicia sin separacion de poderes.

    Solo nos queda confiar en los jueces de base que pese a tener sus ideas politicas tienen claro que politica y justicia son terminos distintos y en el caso de la España actual antagonicos.

domingo, 5 de enero de 2014

Sacyr : El estado avalo a Sacyr y pagara la sociedad civil

Vayan preparando sus carteras sufridos ciudadanos ya que la sociedad civil sera quien pague via impuestos el aval de 150 millones de euros que el estado concedio a Sacyr .

       Si acaba en fiasco el probema de Sacyr en el canal de Panama  y provocara su bancarrota el estado español tendria que pagar a Panama esos 200 millones de dolares al ejecitarse el aval. lo que significa que todos los españoles acabariamos pagando el pato como ha sucedido con los bancos en España .
      Inmobiliaria Barreras publico en su boletin de noticias inmobiliarias varios articulos sobre la probabilidad de que las grandes promotoras inmobiliarias quebraran en 2013 o 2014 y el asunto de Sacyr amenaza con acabar en quiebra .

Sacyr un problema para la sociedad civil


       El diario El Mundo publica una noticia de ultima hora de hoy titulada El estado avalo 150 millones de euros contra el criterio tecnico :

El Estado respaldó a Sacyr en 2009 asegurando una fianza de 200 millones de dólares [150 millones de euros al cambio actual] por la monumental obra de ampliación del Canal de Panamá. Y lo hizo en contra del criterio de los servicios técnicos de la compañía pública aseguradora Cesce e incumpliendo procedimientos y normas, según un duro informe del Tribunal de Cuentas.
Este órgano fiscalizador da a entender en su documento que el Gobierno de la época, el de José Luis Rodríguez Zapatero, se volcó en apoyar financieramente la victoria en el concurso de la constructora española -entonces presidida por Luis del Rivero- improvisando fórmulas contractuales y saltándose las reglas de Cesce, el consorcio de capital mixto encargado de gestionar los seguros de la operación. El Ejecutivo asumió así un inusual riesgo para el Estado en esta modalidad de seguros por ejecución de fianzas.
El Tribunal de Cuentas critica que se 'incumplieron prescripciones obligatoriamente aplicable'
anapixel
Cesce, en la que el Estado posee la mayoría del capital, aseguró la fianza que Panamá cobraría si no se acaba la obra. Teóricamente, Cesce después se lo cobraría a Sacyr, pero el Tribunal de Cuentas ve riesgo de que finalmente se convierta en una factura para el Estado no sólo por las irregularidades producidas en el proceso de contratación del seguro, sino también teniendo en cuenta la «situación económico-financiera» de la constructora española.
«A pesar de lo manifestado por la Entidad [Cesce] en fase de alegaciones, se incumplieron en la práctica prescripciones de las Condiciones Generales obligatoriamente aplicables a dicha clase de seguro; y, al estar en curso los riesgos cubiertos por la operación, no se puede determinar en este momento la trascendencia económica de la operación para el Estado», afirma en el informe.
El Tribunal de Cuentas critica en sus conclusiones que Cesce otorgó dos pólizas de seguro por riesgo de ejecución de fianzas para Sacyr en Panamá. «La primera de ellas se suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro. Y para la segunda se aceptó su cobertura, a pesar de las reservas manifestadas por los servicios técnicos de la Entidad, con objeto de evitar un empeoramiento del riesgo asumido anteriormente». Así lo señala en un hasta ahora inadvertido informe que fue remitido al Congreso de los Diputados el pasado mes de julio y que se encuentra a la espera de ser debatido en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas.
En caso de que cumpla su amenaza y no termine la obra, Panamá se embolsará los 400 millones de dólares de fianza
El consorcio liderado por Sacyr se adjudicó el concurso ofreciendo completar la obra por 2.243 millones de euros, pero ahora reclama 1.200 millones adicionales por «los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» y anuncia que suspenderá las obras por «incumplimientos graves de la Autoridad del Canal de Panamá».
En caso de que cumpla su amenaza y no termine la obra, Panamá se embolsará los 400 millones de dólares de fianza. De ellos, la mitad corresponden a Cesce y el resto a las aseguradoras públicas de Italia y Bélgica, puesto que las constructoras italiana Impregilo y la belga Jan de Nul participan también en el consorcio aunque de forma minoritaria.
Una de las anomalías es que al contrario de lo habitual en este tipo de seguros de fianzas, no hubo un documento único entre todas las partes. Cesce asumió el riesgo y sólo «separadamente» suscribió aparte con la constructora española «un acuerdo por el que ésta se obligaba al pago de la prima y a reembolsarle el importe de la indemnización en el caso de que llegase a producirse el pago de la misma».

¿Pagará Sacyr en caso de fiasco en la obra?

¿Pagará Sacyr en caso de fiasco en la emblemática obra? La constructora asegura ahora que una suspensión de los trabajos no dañaría sus cuentas, pero mantiene la mayor deuda en su sector al superar los 8.600 millones de euros y estuvo a punto del colapso a finales de 2011 hasta que logró refinanciarla.
Las tarifas establecidas por Cesce 'no eran las aprobadas y vigentes en ese momento'
El Tribunal de Cuentas critica distintas anomalías en el seguro de Cesce. Entre ellas cita que «se ha podido constatar que las necesidades totales de aseguramiento que el exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de autorizarse la operación». «Así, los riesgos objeto de aseguramiento inicialmente aceptados por Cesce sólo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que cubrir, viéndose obligada ésta a aceptar la ampliación de los mismos, pese a su envergadura, para evitar, en caso contrario, la inviabilidad de la operación de exportación y las consiguientes pérdidas que se hubieran producido para todas las partes, incluida la propia Cesce como aseguradora», agrega.
Sin embargo, la citada Comisión de Riesgos de la aseguradora pública procedió a autorizar la operación pese a que, según el Tribunal de Cuentas, no podía hacerlo por tratarse de una fórmula contractual no prevista en la orden ministerial reguladora. También señala que las tarifas establecidas en este caso por Cesce «no eran las aprobadas y vigentes en ese momento».
Fuentes gubernamentales consultadas por este diario critican la actuación del Ejecutivo presidido por Zapatero en el caso y aseguran que el entonces máximo ejecutivo de Cesce, Joaquín de la Herrán, actuó por órdenes superiores. «La Comisión Delegada de Asuntos Económicos [presidida en aquel momento por un saliente Pedro Solbes] mandató a Cesce. El riesgo final es del Estado, no de Cesce», aseguran.

'Era inimaginable no ayudar a una constructora'

Un ex ministro de la época justifica lo aprobado porque era «inimaginable no ayudar a una constructora española a conseguir un contrato internacional de aquella envergadura». A este respecto, el Tribunal de Cuentas señala que no entra en hacer «un juicio de reproche a las condiciones en que se pactó la operación», pero sí en «una llamada a maximizar los intentos de conciliar los criterios de oportunidad con el respeto al marco legal contractual que ha de aplicarse a todas las operaciones en aras del principio de seguridad jurídica».
El informe del Tribunal de Cuentas lanza esta reflexión para este tipo de operaciones: «Si bien es cierto que por parte de Cesce ha de prestarse el apoyo necesario a las empresas exportadoras españolas, dada la importancia que el sector del comercio internacional tiene para los intereses económicos del país, y que a veces la complejidad de determinadas operaciones demandasingularidades en el tratamiento jurídico de las mismas, también lo es que debe, por todos los medios, intentar conciliar el antedicho planteamiento con el respeto al marco legal contractual que ha de aplicarse a todas las operaciones». «Todo ello, en un contexto de optimización del principio de seguridad jurídica, y teniendo siempre presente, como trasfondo, la naturaleza jurídica pública de CESCE».